La senadora Betty Robles en su colaboración dentro del noticiero radiofónico Así Sucede, conducido por la periodista Mary Carmen Cervantes, delineó una agenda que atraviesa la reforma electoral conocida como “Plan B”, la regulación del uso del agua y una iniciativa para investigar toda muerte violenta de mujeres como feminicidio.
Explicó que las propuestas buscan reducir costos en el aparato público, fortalecer mecanismos de participación ciudadana y cerrar espacios a la impunidad, en un contexto de debate nacional sobre democracia, recursos naturales y violencia de género.
Sobre el llamado “Plan B”, la legisladora sostuvo que el objetivo es fortalecer la democracia con medidas de austeridad. Habló de disminuir salarios de altos funcionarios y reducir el número de regidores en los ayuntamientos, con el argumento de que el gasto público debe reorientarse a prioridades sociales. La propuesta, dijo, no sólo implica ajustes presupuestales, sino cambios estructurales para hacer más eficiente la administración electoral y gubernamental.
En ese marco, abordó la figura de la revocación de mandato. Planteó que el ejercicio se realice en el tercer o cuarto año de gobierno y que coincida con elecciones constitucionales. Con ello, afirmó, se reducirían costos operativos y se incentivaría una mayor participación ciudadana, lo que daría carácter vinculante al proceso. La sincronización con los comicios ordinarios, explicó, evitaría duplicar estructuras y logística.
El tema del agua ocupó otro tramo central de la conversación. Robles señaló que se revisan concesiones de pozos agrícolas que, en algunos casos, se utilizan para fines distintos a los autorizados, como abastecer desarrollos habitacionales o consumo humano sin la debida regulación. La revisión contempla retirar concesiones cuando se detecten irregularidades, con la intención de garantizar que el recurso se destine prioritariamente a la producción de alimentos y al uso legalmente establecido.
En materia de violencia de género, la senadora destacó la propuesta de una ley general que obligue a investigar toda muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio. El propósito es que las autoridades realicen desde el inicio todas las diligencias periciales y ministeriales necesarias, evitando que los casos se clasifiquen de manera indebida. La homologación de criterios en las fiscalías estatales, explicó, busca reducir la impunidad y asegurar que las investigaciones no dependan de interpretaciones locales dispares.
Las iniciativas, reconoció, enfrentarán discusión en el Congreso y entre distintos sectores sociales. La legisladora defendió que el eje común es la rendición de cuentas: menos privilegios en el poder, reglas claras para el uso de recursos estratégicos y procedimientos firmes frente a la violencia contra las mujeres.
Para profundizar en los detalles y matices de esta información, le invitamos a reproducir el reporte de audio adjunto a continuación.
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