Querétaro, 18 de marzo de 2026. En medio del avance de la reforma judicial en el estado y la discusión nacional sobre cambios electorales, la magistrada Mariela Ponce Villa en entrevista en el noticiero Así Sucede conducido por la periodista Mary Carmen Cervantes llamó a revisar con detalle los alcances legales y operativos de ambas iniciativas. Durante una entrevista en un espacio informativo local, alertó sobre fallas detectadas en la implementación federal y pidió a legisladores y ciudadanía actuar con mayor responsabilidad y vigilancia.

La magistrada explicó que, en el caso de la reforma judicial, el mandato constitucional obliga a que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. Sin embargo, subrayó que esto no implica replicar sin ajustes el modelo federal. Señaló que la experiencia reciente ha dejado ver “errores importantes”, desde fallas en la selección de perfiles hasta problemas operativos que incluso paralizaron temporalmente funciones judiciales.

Advirtió que uno de los principales riesgos es permitir que personas sin la preparación adecuada accedan a cargos donde se resuelven temas sensibles como la libertad, el patrimonio o la custodia de menores. “La falta de capacidad no se puede ocultar en audiencias públicas”, sostuvo, al insistir en la necesidad de procesos de capacitación previos y reglas claras adaptadas al contexto local.

En Querétaro, donde la implementación se prevé hacia 2027, consideró urgente que el Congreso estatal apruebe la reforma con tiempo suficiente para organizar el proceso electoral judicial y evitar improvisaciones. También cuestionó la posible replicación de mecanismos como la insaculación —la llamada “tómbola”— si no se corrigen sus deficiencias.

Respecto a la reforma electoral, Ponce Villa reconoció que sí existen áreas que requieren ajustes, como la fiscalización de campañas anticipadas o abusos en el uso de recursos públicos. No obstante, calificó como preocupante el llamado “plan B” impulsado desde el Ejecutivo federal, al considerar que podría debilitar el federalismo y concentrar poder.

La magistrada sostuvo que varias de las propuestas buscan reducir presupuestos locales con fines recaudatorios, lo que —dijo— podría afectar la autonomía de estados y municipios. También criticó intentos de modificar reglas sobre consulta popular y revocación de mandato, al considerar que se desvirtúa su naturaleza ciudadana.

Otro punto que cuestionó fue la reforma relacionada con pensiones de altos funcionarios. Aunque reconoció que existen casos de ingresos excesivos, advirtió que reducirlos mediante disposiciones retroactivas podría violar principios constitucionales. “Los excesos no se corrigen con irregularidades”, afirmó.

Ante este panorama, hizo un llamado directo a la ciudadanía a involucrarse más en los asuntos públicos. Consideró que la defensa del orden constitucional no puede recaer únicamente en actores políticos o jurídicos, sino que requiere una participación activa e informada de la sociedad.

“La democracia no solo es que decidan las mayorías, también implica respetar límites y derechos”, señaló, al advertir que la falta de contrapesos puede derivar en abusos de poder.

Para profundizar en los detalles y matices de esta información, le invitamos a reproducir el reporte de audio adjunto a continuación.

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