La diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Lorena García Alcocer, señaló que la recién aprobada Ley General de Aguas genera incertidumbre jurídica y abre la puerta a un exceso de control por parte del gobierno federal, especialmente a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Así lo expresó en entrevista con Maricarmen Cervantes, conductora del noticiero Así Sucede Querétaro.
García criticó que la reforma se aprobó en “fast track”, sin una discusión amplia ni el tiempo suficiente para negociar ajustes, pese al reclamo de sectores productivos como la agroindustria. Recordó que se modificaron más de 50 artículos en comisiones y se sumaron 18 reservas en el pleno, pero aseguró que los cambios no fueron suficientes para garantizar certeza a quienes dependen del uso del agua para sus actividades económicas.
Entre los puntos más delicados, mencionó el artículo 22 —que condiciona la transmisión de derechos entre particulares— y el artículo 37 Bis —que otorga a Conagua amplias facultades discrecionales para reasignar concesiones—, lo que, advirtió, podría frenar la actividad del campo y abrir espacios para decisiones con sesgo político.
“Conagua tiene hoy 140 mil trámites sin resolver y apenas 300 inspectores en todo el país. Con esta infraestructura tan limitada, la reforma puede terminar paralizando la economía y criminalizando a los productores”, alertó la legisladora. Señaló además que el uso del agua en el campo representa cerca del 70% del suministro nacional, lo que vuelve urgente establecer condiciones claras y viables.
El PAN exigirá presupuesto adicional para fortalecer a Conagua y promover transitorios que garanticen seguridad jurídica para productores y agroindustriales, afirmó García Alcocer. Si bien dijo coincidir en la necesidad de ordenar el aprovechamiento del vital líquido, sostuvo que la ley “privilegia el control y la recaudación”, antes que la atención real de las necesidades del país.
Finalmente, la diputada subrayó la importancia de abrir un proceso de diálogo y mejora de la ley, aunque reconoció que “ya se va tarde”, dado que las disposiciones entrarán en vigor tras su publicación oficial.
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